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Sin
gasolina no hay comida
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La restricción del
combustible para sectores prioritarios -trabajadores sanitarios, de seguridad, militares
y transporte de alimentos- ha sido una medida inédita que se ha aplicado
en una Venezuela petrolera que debe importar gasolina para el
consumo interno, seriamente afectado por la caída de la producción, el colapso
de la industria petrolera por la mala gestión y las sanciones económicas. En
otros países en cuarentena el combustible se acumula por la paralización, en
Venezuela las reservas parecen haber llegado al límite.
El sector agrícola
ha advertido esta semana que los productores no tienen acceso al combustible y
que la distribución de las cosechas está comprometida y, por ende, el frágil
abastecimiento. “Algunas ya se están perdiendo”, dijo Aquiles Hopkins,
presidente de Fedeagro en la sesión virtual que tuvo el Parlamento esta semana.
En el monitoreo de servicios durante la crisis que está haciendo la Asamblea
Nacional se señala que para esta semana el suministro de combustible no llegó
al 1% de las estaciones del país.
“Venezuela está
parada desde hace mucho tiempo, luego de seis años de contracción del PIB. La
cuarentena al final es una sobreactuación del gobierno para disimular que, si
estamos parados porque no hay gasolina, porque no hay actividad económica, no
tanto por el virus y que en el marco de la recesión mundial va a ser peor. ¿Qué
economía del mundo que va a estar preocupándose de la economía de un país cuyos
jefes ahora están buscados por la justicia?”, opina el sociólogo Luis Pedro
España, director de Ratio, una agencia de análisis de la Universidad Católica
Andrés Bello.
El coronavirus
avanza en Venezuela con 113 contagios confirmados
y dos muertes en dos semanas. El espectro de los afectados por las más medidas
de confinamiento para frenarlo va más allá de grueso grupo de trabajadores por
cuenta propia a los que Maduro prometió -para cuatro millones de ellos- un bono
de 350.000 bolívares (unos cuatro dólares), que alcanzan para un kilo de carne,
que también ha entregado a los que están afiliados al llamado carnet de la
patria. Mariana Hernández ni Gerson ni Yonathan aplican para ese grupo. Ella se
graduó en diciembre en la Universidad Central de Venezuela y empezó el 2020
trabajando como psicóloga clínica. Con 16 pacientes que veía en un centro
médico privado podía mantenerse ella y a su mamá, profesora jubilada. Ahora
está cerrado el edificio donde trabajaba y como han hecho otros profesionales
médicos, ha intentado pasarse a las consultas online con poco éxito. “Veo
personas mayores, que no manejan la herramienta y para quienes no es cómodo
hablar desde sus casas. Yo vivo de mis consultas y me preocupa mucho que esto
se extienda más allá porque veo mis ingresos muy reducidos. Con mis ahorros
solo tengo para dos meses de comida”.
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