Desde la Red Ambiental Amazonica Andina rechazamos los actos terroristas que se llevaron contra personal de las Fuerzas Armadas del Perú donde los Narco terroristas derribaron un helicoptero y calcinaron los cuerpos de los Oficiales y tripulantes, ante este hecho contra los derechos humanos nadie se ha pronunciado ninguna ONG que se hace llamar defensora de los DDHH no dicen nada porque son complices de lo que esta sucediendo en el Perú, como se recuerda las ONG defensoras de derechos humanos han tenido una conducta reprochable en el Perú. Basta recordar la carta que Aprodeh remitió al Parlamento Europeo pidiéndole que no incluya al MRTA en la lista de grupos terroristas de ese bloque continental.
Los dramáticos sucesos de Santo Domingo de Acobamba, donde un helicóptero MI-17 de la FAP fue derribado por narcoterroristas que utilizaban armas de largo alcance, y que costó la vida de tres valerosos miembros de la Fuerza Aérea y dejó cinco heridos de la FAP y el Ejército, quienes realizaban la muy riesgosa misión de evacuar a camaradas de armas heridos, deben movernos a prudentes reflexiones.
En asuntos como este, que atañen a la defensa de la democracia, el orden público y la seguridad nacional, los medios de comunicación debemos hacer un claro deslinde entre lo que es el periodismo como la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios.
Cabe recordar, en primer término, que la zona conocida como VRAE comprende las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Junín y Cusco, en esta última los distritos de Pichari y Kibiri, de la provincia de La Convención. Se trata de un área muy extensa, cuya geografía se caracteriza por tener zonas sumamente abruptas, donde resaltan Vizcatán y el escenario del último enfrentamiento: Santo Domingo de Acobamba.
Durante más de veinte años se dejó que remanentes terroristas se coludieran con narcotraficantes convirtiendo esa zona en una región donde el narcotráfico aún actúa libremente y sirve de fuente de sólidos ingresos económicos a los delincuentes que habían fundado su centro de actividades en dicho lugar.
En agosto del 2008, con el Plan Excelencia 777, el Gobierno dispuso que las Fuerzas Armadas entraran en acción para desalojar a los narcoterroristas de su “santuario”. Ya era un paso importante atender un problema encapsulado que seguía creciendo lenta pero muy dañinamente. Poco tiempo después, se pudo comprobar que, lamentablemente, el apoyo logístico era escaso y las operaciones se frustraban o no completaban su objetivo por la carencia de ranchos de combate, baterías de radio, vehículos, etc., elementos fundamentales para las patrullas involucradas en misiones.
Por otra parte, cada vez se dejó sentir con más fuerza un bajo apoyo político y social y algunas ONG —no generalizamos— iniciaron una verdadera acción judicial demoledora contra las FF.AA. A esta altura de los acontecimientos, se llegó a la conclusión de que era muy importante el apoyo de fuego aéreo cercano (bombardeo) en acción conjunta con las patrullas ubicadas en Vizcatán para, así, neutralizar la acción terrorista y no exponer de un modo tan peligroso la vida de las fuerzas del orden.
Obviamente, esos bombardeos hubieran podido ocasionar daños colaterales que habrían sido explotados por los encubiertos defensores de los narcoterroristas. Por esta razón, es acertada la propuesta para que Vizcatán y otros puntos del VRAE sean declarados zona de combate, lo cual requiere decisiones en el Poder Legislativo que deben ser respaldadas.
Se desconoce o pretende desconocer que la inmensa mayoría de personas que viven en la zona del VRAE, de una u otra manera, está vinculada con el narcotráfico y es muy difícil lograr una adhesión a las Fuerzas Armadas o policiales. Hasta los comités de autodefensa, que cumplieron un rol muy importante en la lucha contra el terrorismo en los años ochenta del siglo pasado, están ahora mayoritariamente vinculados con alguna fase del narcotráfico.
¿Qué se debe hacer? Creemos que debe haber una mayor inversión presupuestal en el VRAE en obras de acción social (postas médicas, escuelas, hospitales, etc.) y las FF.AA. deben ser dotadas de mayor tecnología y equipamiento de última generación para garantizar un triunfo más rápido y menos costoso en vidas humanas. Luego, debemos remarcar que, pese al reciente contraste, los narcoterroristas no están ganando esta lucha. No pueden aplicar la doctrina de Mao Tse Tung, vale decir, golpear y desaparecer. Ellos están “enganchados”, como se dice en argot castrense, y las fuerzas del orden los obligan a moverse en un ámbito circunscrito.
Es repugnante que periodistas y políticos pretendan obtener ventajas de la muerte de nuestros bravos hombres de armas. El Perú requiere una férrea unión ciudadana y la confianza en sus FF.AA y policiales, cuya moral permanece alta y cuya preparación, patriotismo y sacrificio merecen nuestra gratitud y respeto.
(*) EDITORIAL EL COMERCIO
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