En la actualidad, cualquier prueba científica sobre los mismos tiene que ser aprobada primero por la industria
Uno de los grandes misterios que rodean la propagación de las plantas GMO [siglas en inglés de organismo genéticamente modificado] por todo el mundo desde que se obtuvieron las primeras cosechas comerciales en los primeros años de la década de los noventa en EEUU y en Argentina, ha sido la ausencia de estudios científicos independientes sobre los posibles efectos a largo plazo en los seres humanos, e incluso en las ratas, de la dieta a base de plantas GMO. Ahora tenemos muy clara ya la razón real. Las compañías agropecuarias GMO, como Monsanto, BASF, Pioneer, Syngenta y otras, prohíben las investigaciones independientes.
Un editorial de la respetada revista científica mensual estadounidense “Scientific American”, de agosto de 2009, revela la alarmante y escandalosa realidad existente tras la proliferación, desde 1994, de productos GMO por el planeta a través de toda la cadena alimentaria. Es por una sencilla razón que no se ha publicado ningún estudio científico independiente en ninguna revista científica seria del mundo: Que resulta imposible verificar de forma independiente que las cosechas GMO, como por ejemplo la soja preparada Monsanto Roundup o el maíz MON8110, actúan como la compañía afirma, o que, como la compañía también proclama, no tienen efectos dañinos colaterales, porque las compañías GMO ¡prohíben llevar a cabo esas pruebas!
Eso es como les cuento. Como condición previa para comprar semillas, o para plantar cosechas o para utilizar en estudios de investigación, Monsanto y las compañías de productos transgénicos gigantes deben firmar primero un Acuerdo de Consumidor Final con la compañía. Durante la década pasada, el período en el que tuvo lugar la mayor proliferación de semillas GMO en la agricultura, Monsanto, Pioneer (DuPont) y Sygenta vienen exigiendo a todo aquel que compre sus semillas GMO que firme un acuerdo que prohíbe explícitamente que las semillas se utilicen para realizar cualquier investigación independiente. Se prohíbe a los científicos que hagan pruebas con las semillas GMO para explorar bajo qué condiciones fructifican o se malogran. No puede compararse ninguna característica de las semillas GMO con cualquier otra semilla GMO o no GMO de cualquier otra compañía. Y lo más alarmante, tienen prohibido examinar si las cosechas genéticamente modificadas provocan efectos colaterales no previstos en el medio ambiente o en los animales o en los seres humanos.
La única investigación que se permite publicar en periódicos científicos serios, previamente revisados por científicos, son los estudios que habían sido aprobados con anterioridad por Monsanto o el resto de firmas de la industria de GMO.
Todo el proceso seguido en EEUU para conseguir que se aceptaran las semillas GMO, empezando por la proclamación, en 1992 y a petición de Monsanto, del entonces Presidente George H. W. Bush de que no se iba a realizar ninguna prueba especial de seguridad para las semillas GMO porque el Presidente consideraba que eran “sustancialmente equivalentes” a las semillas que no eran GMO, está plagado de intereses especialmente corruptos. Baste decir, como ejemplo, que se nombró a ex abogados de Monsanto como responsables en la EPA [siglas en inglés de Agencia de Protección Ambiental de EEUU] y en la FDA [siglas en inglés de Administración Alimentaria y Farmacéutica de EEUU] para elaborar las normas relativas a las semillas GMO y que, hasta el momento, el gobierno no ha realizado prueba alguna sobre la seguridad de dichas semillas. Todas las pruebas que se le han proporcionado al gobierno estadounidense sobre la seguridad de los GMO han sido llevadas a cabo por las mismas compañías, como en el caso de Monsanto. No es de extrañar que los GMO parezcan algo positivo y que Monsanto y otros puedan falsamente afirmar que los GMO son la “solución al hambre en el mundo”.
En EEUU, un grupo de veinticuatro importantes científicos universitarios especializados en los insectos del maíz han escrito a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) del gobierno estadounidense exigiendo que un cambio en las prácticas de censura de las compañías. Es como si Chevrolet o Tata Motors o Fiat trataran de censurar pruebas comparativas sobre los accidentes que se producen con sus coches en Consumer Reports, o en cualquier publicación comparativa dedicada al consumidor, porque no les gustan los resultados de las pruebas. Sólo sucede esto con la cadena alimentaria humana y animal. Los científicos defienden con toda razón ante la EPA que la protección ambiental y la seguridad alimentaría “dependen de que los cultivos estén a disposición del escrutinio científico regular”. Deberíamos pensárnoslo dos veces antes de comernos la próxima caja de cereales estadounidenses para el desayuno si el maíz que se ha utilizado es GMO.
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