CAMBIO CLIMÁTICO.
Miles de pequeños productores agrarios de zonas alto andinas aseguran que sus pérdidas por heladas o lluvias intensas, consecuencia de las alteraciones que viene generando el cambio climático, pueden alcanzar hasta el 50% de su producción. De otro lado, el hongo conocido como la roya, golpeó con fuerza nuestro principal producto agrícola de exportación: el café, lo que impactó en más de la mitad de la superficie cultivada y generó incalculables pérdidas económicas en el 2013.
Para algunos especialistas, el incremento de enfermedades y plagas es atribuible al cambio climático. Pero el problema no es solo del agro. El calentamiento global tiene el potencial de impactar en toda la economía, desde la pesca y la minería, hasta la infraestructura y la energía.
Un estudio del BCR del 2009 estimó que un aumento de 2 °C en la temperatura máxima global, y de 20% en la variabilidad de las lluvias, generaría, al 2030, una pérdida del 6% del PBI, con relación al PBI potencial de ese año. Por ello, no puede concebirse el desarrollo económico y social sin una agenda pública y privada que priorice la mitigación y adaptación al cambio climático. La inacción puede ser el principal problema. “Sería importante una mesa de prospectiva con gente de diferentes ámbitos, para abordar las acciones a tomar”, es preciso encarar el cambio climático no solo desde la perspectiva ambiental, pues es un problema que impacta en todos los sectores. “Deberíamos considerar la variable climática en las cuentas nacionales”, sostiene.
NARCOTRÁFICO.
En el 2012, el Perú se convirtió en el primer productor de hoja de coca del mundo. Además, en los últimos años, los cultivos de hoja de coca para el narcotráfico pasaron de estar concentrados en dos o tres puntos del país, a tener presencia en 13 regiones, lo que genera una peligrosa y creciente dependencia económica en varias zonas. En el caso de Ayacucho y Cusco, por ejemplo, la participación de los cultivos de hoja de coca en el PBI agrario ascendió en el 2013 a 48% y 23%, respectivamente.
Todo esto configura un escenario donde se coloca al Perú en un punto de inflexión, que demanda consolidar la lucha antidroga en todo el país. Si bien en el 2013 se ingresó con éxito en el Monzón y en Pichis Palcazu, el 2014 debe ingresarse en el VRAEM, Puno y Loreto, para que no se revierta lo poco que se ha avanzado. “El narcotráfico va a desplegar todas sus fuerzas, incluidas las de sus aliados terroristas. Y el riesgo es que se instale un narcotráfico fortalecido con sus redes corruptoras y su infiltración en todas las instituciones del Estado”.
Un escenario así impactaría a la sociedad en su conjunto, generando círculos de corrupción y violencia que limitarían emprendimientos privados y públicos. Un ejemplo son las operaciones de lavado de activos, que distorsionan las economías locales, lo que genera una competencia desleal contra los empresarios formales. Es por ello que, la principal amenaza para el desarrollo de la economía en los próximos años es la calidad del sector público. “La economía necesita que el Estado diseñe y ejecute mejores políticas públicas en todos sus frentes: en sectores económicos y sociales”.
SEGURIDAD CIUDADANA.
El orden interno y la seguridad ciudadana son condiciones necesarias para que la inversión privada se desarrolle de forma descentralizada y genere empleos. Sin embargo, dice que la inseguridad se ha convertido en un problema que no solo afecta a regiones como La Libertad o Lambayeque, sino que se extiende a todo el país. Por ello, pide que los candidatos a gobiernos regionales y locales expongan sus propuestas para enfrentar el problema.
El narcotráfico y la inseguridad ciudadana tienen una raíz común: la incapacidad del Estado para cumplir sus funciones básicas. El incremento de la criminalidad en el Perú es la combinación del crecimiento económico (la gente tiene más dinero) y la baja probabilidad de que un delincuente sea atrapado. “Ello ha incrementado la rentabilidad de cometer crímenes y, por extensión, de la corrupción”, sostiene. Y hacer empresa en un contexto de creciente inseguridad y violencia no es atractiva.
Los empresarios reconocen entre las amenazas la extorsión, el pedido de cupos, asaltos, secuestros. ¿Cómo enfrentar el problema con mayor efectividad? “Se necesitan recursos económicos, personal capacitado y voluntad política. Sin embargo, nuestra policía tiene problemas hasta para adquirir patrulleros o sistemas de comunicaciones, sus técnicas forenses y de investigación no son modernas y la inteligencia brilla por su ausencia”, enumera. Y los costos de no atender la inseguridad son altos. Un estudio del PNUD señala que sin el exceso de muertes por homicidios en la región, el PBI hubiese sido superior en un 0,5%, “equivalente a una ganancia potencial de más de US$24.000 millones en el 2009”.
CONFLICTOS SOCIALES.
En noviembre, la Defensoría del Pueblo registró 221 conflictos (174 activos y 47 latentes). Un 64% de ellos tiene origen socio ambiental y está principalmente vinculado a la actividad minera e hidrocarburífera. Falta de información, débiles mecanismos de participación y diálogo son solo algunos de los factores impulsores de los numerosos conflictos en todo el país, que han generado la paralización de importantes proyectos de inversión (pública y privada), así como la muerte de numerosas personas.
Hay avances para reducir la conflictividad social. “Hoy se desarrollan cientos de talleres y mesas de trabajo, que son espacios de información ciudadana que logran que los pobladores estén informados de manera seria de lo que significa un determinado proyecto. Además, sirven para que el Gobierno sepa a quién tiene al frente y determine si la oposición a algún proyecto tiene intereses distintos”
