Fuentes periodísticas han informado que el suboficial FAP Víctor Ariza Mendoza, quien en el 2002 trabajó en la agregaduría militar en la Embajada del Perú en Santiago de Chile —cuando probablemente fue captado por los servicios de inteligencia del vecino país—, ha venido espiando para ellos, recibiendo por su condenable traición a la patria sumas que al parecer oscilaban entre los cinco mil y ocho mil dólares mensuales.
Descubierto por la contrainteligencia FAP, fue detenido y Seguridad del Estado debe ponerlo a disposición del Ministerio Público para denunciarlo ante el Poder Judicial por su gravísimo delito. Este episodio crispa las ya difíciles relaciones con Chile.
Hasta ahora nuestra cancillería había procurado llevar por cuerda separada dos asuntos bilaterales: uno, el relacionado con el contencioso que se ventila en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, por la delimitación marítima; el otro, todo aquello que se enmarca en el ámbito de las relaciones empresariales de diversa índole, con importantes inversiones de Chile en el Perú.
Además, no se puede dejar de tomar en consideración la numerosa presencia de nuestros connacionales afincados en el país del sur. Precisamente estaba previsto que en los próximos días el presidente Alan García se entrevistara con su homóloga Michelle Bachelet, pues ambos asisten a la reunión del APEC, en Singapur. También la ministra Mercedes Aráoz debía viajar a Santiago llevando el mensaje del jefe del Estado que busca poner límite al gasto militar en la región. Obviamente, estas entrevistas han sido canceladas o están en suspenso.
Paradójicamente Chile, el país que más ha gastado en armas de última generación en América del Sur, ha anunciado que dispone de 665 millones de dólares para adquirir lanzadores Avenger, misiles Stinger y misiles aire-aire AIM. Todo esto puede interpretarse como una suerte de sarcasmo a la propuesta peruana bien recibida en otros países de la parte sur del continente que comparten la idea del presidente García que podría resumirse en la frase “menos armas dan como resultado menos pobreza”. Chile, está visto, no comparte este propósito.
¿Para qué se espía? La respuesta es obvia, porque se tiene el deseo de penetrar en los sistemas defensivos de un país, para anularlos, y eso es lo que ha venido haciendo Chile con el Perú, pese a que su poder bélico es inmensamente superior al nuestro. Todavía no sabemos los verdaderos alcances de esta operación de espionaje, pero se trataría de un hecho aislado que, aunque vincula a otros elementos militares en una red, no debe manchar el uniforme. Recordamos cómo en 1978 un suboficial FAP, Julio Vargas Garayar, fue descubierto espiando, también para Chile, y pagó su delito ante un pelotón de fusilamiento. Luego dos oficiales navales chilenos fueron sorprendidos tratando de fotografiar instalaciones de la FAP en Talara y se les expulsó del país, todo lo cual llevó a que el embajador de Chile en Lima, Francisco Bulnes Sanfuentes, fuera declarado persona no grata y tuviera que marcharse determinando la suspensión de las relaciones.
Ahora, esta nueva actitud de Chile, tipificada en el derecho internacional como hostil, debe tomarse con la ponderación y la importancia que amerita. Es posible que el embajador sureño sea convocado por nuestra cancillería para que brinde las explicaciones pertinentes, si las tiene. Paralelamente debería llamarse en consulta a nuestro embajador en Santiago y, si el ministerio de Relaciones Exteriores lo juzga conveniente, reducir el nivel de nuestra representación diplomática cerca de La Moneda.
Por otra parte, la investigación a Ariza Mendoza y a la red que operaba con él debe ser lo más exhaustiva posible, para que la Justicia Militar —la competente para estos casos— les aplique la máxima sanción de ley. En tanto, no debemos olvidar que esta historia es recurrente y se podría graficar como el peruano confiado que le extiende la mano al campesino sureño, aparentemente amistoso, pero que lleva siempre el corvo debajo del poncho.
En esta hora de afrontar con energía la traición de un subalterno, el Gobierno está, sin embargo, obligado a mantener la máxima serenidad ante las ya innegables provocaciones que viene haciendo Chile en el interés de que se produzca un incidente que detone un eventual conflicto bélico entre los dos países.
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