La economía peruana ha crecido en los últimos
20 años una media de 4,5% anual, en gran medida debido a los precios
internacionales de los metales. Los Gobiernos han exhibido ese indicador
orgullosamente, aunque poniendo bajo la alfombra el alto porcentaje de personas
en empleo informal, que ha ido del 80% en 2004 al 66% en 2018. Perú es un país
de ingresos medios, en el cual los hospitales no tienen ecógrafos, tomógrafos,
insumos en los laboratorios, ni jabón en los servicios. Por ello, desde
mediados de marzo el Ejecutivo ordenó una cuarentena y un toque de queda. Pese
a las medidas estrictas, en el día 51 de la emergencia de la covid-19, las
autoridades sanitarias reportaron el martes el mayor incremento de nuevos
contagios diarios, 3.817. Este jueves, se han registrado 54.526 casos y 1.627
fallecidos.
¿Por qué hubo tanta propagación del virus si fue
el primer país en América Latina en establecer la inamovilidad obligatoria, la
prohibición del transporte interprovincial, el cierre de fronteras y un
programa de subsidios a 2,7 millones de hogares pobres? Los expertos apuntan a
la informalidad laboral, el débil sistema de salud, el empobrecimiento y el
desplazamiento hacia el campo de miles de ciudadanos que han quedado sin medios
de vida en las ciudades, y han partido a pie, sin control sanitario de las
autoridades.
El presidente, Martín Vizcarra, reconoció el martes
que los resultados de las medidas
excepcionales que el Gobierno adoptó para contener la
propagación del virus “no han sido exactamente” los que esperaban. “Esta no es
solamente una crisis sanitaria: estamos viviendo una crisis social y una crisis
económica sin precedentes y el efecto real no lo tenemos dimensionado en toda
su magnitud porque estamos en pleno proceso de esta crisis”, añadió. De las
cinco regiones con la mayor cantidad de infectados y muertes, en Loreto,
Lambayeque y Piura, las fuerzas del orden denuncian desde marzo un mayor
incumplimiento al toque de queda y a la orden de quedarse en casa. El sacerdote
Miguel Fuertes, vicario de Iquitos, capital de Loreto, cuestionó esta semana
que las autoridades no supieran hacer llegar el mensaje. “Para la mayor
cantidad de personas en Iquitos, la forma de vida es vender algo en la puerta
de casa o hacer cachuelitos [pequeños trabajos]”, explicó a una radio de Lima.
“¿Cómo le dicen a una familia de 12 personas en una casa de 10 metros
cuadrados, bajo un techo de calamina, con el calor, que no salgan para evitar
el contagio?”, agregó.
La médico e investigadora Carol Zavaleta dijo a EL
PAÍS que además de la precariedad del sistema de salud, hay otro factor que
explica que las medidas adoptadas en marzo no hayan logrado aplanar la curva de
la infección. “En Perú, el 25% de la población se reconoce como indígena,
pero ese ser indígena es invisible para las instituciones públicas y privadas.
Muchos como yo, ya no somos indígenas, pero nos hemos criado en un sistema de
salud que usaba prácticas médicas indígenas, de nuestros abuelos, y luego hemos
emigrado hacia las grandes urbes”, refiere la académica de la Universidad
Peruana Cayetano Heredia. “Loreto es una región con fuertes raíces y
componentes indígenas, en el caso de las otras dos regiones, tienen migrantes
de los Andes y aún tienen comunidades campesinas. Las sociedades indígenas
tienen un sistema de conocimiento, de valores, de dieta, y de medicina
diferente al que actualmente rige el desarrollo de la sociedad occidental
peruana", continúa Zavaleta. “Estas prácticas se asocian al manejo de los
elementos de la naturaleza para proveer alimento, bebida, ropa, casa y
diversión. El no reconocerlo no permite celebrarlo, ni entenderlo, ni tampoco
sumar la evidencia científica a las prácticas indígenas, en otras palabras;
exclusión, marginación y olvido de todo lo que representa la salud y el
bienestar indígena, un país que crece económicamente de espaldas a su
identidad”. El médico e investigador Daniel Rojas comentó en un conversatorio
de expertos que Loreto, Lambayeque y Piura tienen en común la más baja densidad
de médicos en el país: menos de siete por cada 10.000 habitantes, de acuerdo a
cifras oficiales de 2018.
Factores no previstos
Otros dos aspectos escaparon de los cálculos hechos
por el Gobierno. El Ejecutivo no incluyó entre las actividades esenciales, al
inicio de la cuarentena, a la minería, pero la añadió un par de días después,
confiado en que las empresas cumplirían las medidas sanitarias en los
campamentos. Esta semana, suman 258 los trabajadores de siete compañías
mineras, dos de ellas las principales extractoras de cobre: Antamina y Cerro
Verde.
El secretario general de la Federación de
Trabajadores Metalúrgicos de Perú, Jorge Juárez, sostiene que cuando el Gobierno
tomó esa decisión no salvaguardó a los trabajadores. El dirigente explica que
Antamina, la empresa que tiene 210 empleados contagiados, evacuó a cientos de
mineros pero no todos conocían sus resultados de las pruebas de diagnóstico, y
tardaron en conocerlos. De acuerdo a una norma publicada el domingo, en mayo
todos los rubros de la minería podrán volver a operar. Juárez teme que la
supervisión del cumplimiento de los protocolos autorizados por las autoridades
sanitarias, no sea inviable. “La norma señala que en la empresa debe haber una
instancia a la cual reportar un incumplimiento, pero si no es un tercero el que
supervise, los trabajadores no se van a exponer a un despido o a un cese de
contrato. La entidad de fiscalización laboral debería ser quien fiscalice”,
refirió a EL PAÍS.
Además, están los más de 160.000 peruanos que se
quedaron sin trabajo ni casa en las ciudades y que hace tres semanas decidieron
volver a pie, al campo o a comunidades amazónicas. El Ejecutivo, hasta este
miércoles, ha logrado organizar el retorno de 14.000 de ellos, previas pruebas
rápidas del virus; pero una gran cantidad no pudo esperar las coordinaciones
con las Administraciones regionales ni los diagnósticos y se echó a caminar,
algunos de ellos con sus bebés a cuestas. El Gobierno no tiene un cálculo de la
propagación del virus a raíz de este desplazamiento. El primer ministro,
Vicente Zeballos, dijo a este diario que están considerando “albergues
transitorios cercanos a las principales salidas de la capital para organizar su
retorno”. Sin embargo, los caminantes, como ellos se autodenominan, se están
encontrando con duras condiciones al llegar a sus destinos. Las autoridades
locales también se sienten sobrepasadas en sus capacidades. Al alcalde de la
provincia de Condorcanqui, en Amazonas, Orlando Requejo, le pidieron organizar
un albergue para la cuarentena de 70 desplazados. Consiguió una escuela, pero
llegaron 200 personas. El lunes, Requejo padecía para encontrar alimentos y
colchonetas para los desplazados.
