La minería ilegal no se combate únicamente en los socavones. También hay que seguir el dinero, controlar los insumos, revisar las decisiones políticas que debilitan la fiscalización y garantizar que cada gramo de mineral tenga un origen verificable. El Perú necesita pasar de las medidas aisladas a una estrategia integral, transparente y permanente.
El problema no termina donde se extrae
el oro
Imaginemos un cargamento de oro que sale de una zona de extracción
remota, recorre carreteras secundarias, pasa por una planta de beneficio y
llega finalmente a un comprador. En cada etapa aparecen documentos,
transportistas, intermediarios y transacciones económicas. La pregunta decisiva
es sencilla: ¿puede el Estado demostrar de dónde proviene ese mineral y
comprobar que su recorrido corresponde a una actividad legal?
Esta es una de las grandes dificultades de la minería ilegal en el Perú.
El problema no se limita a la extracción sin autorización o a los daños
ambientales. Puede involucrar redes de transporte, comercialización, evasión
tributaria, desvío de insumos, lavado de activos, corrupción, extorsión y
violencia. Si las autoridades actúan únicamente en el punto de extracción,
otros eslabones pueden continuar funcionando.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
recomienda que las cadenas de suministro de minerales sean sometidas a procesos
de debida diligencia para identificar y gestionar riesgos relacionados con
abusos, corrupción y financiamiento de actividades ilícitas. Su enfoque
comprende toda la cadena, desde la producción hasta los compradores finales.
Para el Perú, la lección es clara, no solo basta con encontrar una operación
irregular; hay que reconstruir el circuito que la hace rentable.
REINFO el estar inscrito no equivale a
ser formal
El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) fue creado como
instrumento para facilitar el tránsito de determinados operadores de la pequeña
minería y minería artesanal hacia la formalidad. Sin embargo, la inscripción no
reemplaza todas las autorizaciones exigibles ni acredita, por sí sola, el
origen lícito de cada lote comercializado. La Ley Nº 32213 fortaleció la
rectoría del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) sobre este proceso y
estableció el marco para implementar el Sistema Interoperable de la Pequeña
Minería y Minería Artesanal (SIPMMA). Su reglamento, aprobado mediante el Decreto
Supremo Nº 009-2025-EM, incorpora disposiciones vinculadas con la formalización
y la trazabilidad de minerales, explosivos e insumos fiscalizados.
El desafío consiste en distinguir entre quienes avanzan hacia la
formalidad, quienes necesitan corregir incumplimientos subsanables y quienes
presentan indicios documentados de falsedad o utilizan su inscripción para
encubrir operaciones ajenas a las declaradas. La respuesta no debe ser una
exclusión indiscriminada, pero tampoco una permanencia indefinida sin avances
comprobables. La Ley Nº 32537 estableció la vigencia del proceso de
formalización hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta la entrada en vigor de
la Ley MAPE y su reglamento, lo que ocurra primero. Este horizonte refuerza la
necesidad de concentrar esfuerzos en resultados verificables y no únicamente en
nuevas prórrogas.
Cuando las decisiones políticas
también importan
La lucha contra la minería ilegal debe examinar no solo lo que sucede en
el territorio, sino también las decisiones que se toman desde el poder
político. Las normas aprobadas por el Congreso pueden fortalecer los controles
o reducir la capacidad del Estado para fiscalizar actividades e insumos que
terminan en manos de organizaciones ilegales. Un asunto que merece especial
atención es el debate sobre el control de explosivos. En agosto de 2025, la
Defensoría del Pueblo advirtió que las deficiencias en la fiscalización habían
favorecido la existencia de un mercado negro que abastece actividades ilegales
y redes criminales, incluidas aquellas vinculadas con la extorsión. Este
señalamiento evidencia que el control de explosivos no es un asunto
administrativo menor, está relacionado con la seguridad ciudadana y la
capacidad de impedir que insumos peligrosos sean desviados.
En ese contexto, las decisiones legislativas que modifican los mecanismos
de control deben evaluarse por sus efectos reales. El respaldo de varios congresistas
a normas cuestionadas por debilitar determinadas herramientas de fiscalización,
incluida la Ley Nº 31989, merece un examen público riguroso. También
corresponde preguntar si los representantes que intervienen en estos debates
mantienen intereses económicos, políticos o gremiales que puedan entrar en
conflicto con su deber de proteger el interés general.
Durante el proceso electoral de 2026, el debate sobre candidaturas
vinculadas con la minería informal y el REINFO volvió a poner sobre la mesa la
necesidad de transparentar los intereses que rodean a esta actividad. Lo mismo
se vinculó con denuncias sobre el eventual uso de recursos, vehículos, personal
u otra logística de actividades mineras en campañas electorales. Si existen
indicios verificables, deben ser examinados por las autoridades competentes. La
transparencia sobre el financiamiento electoral, reuniones con grupos de
interés, declaraciones patrimoniales y votaciones legislativas debe convertirse
en parte de la respuesta institucional, por consiguiente, la fiscalización no
puede ser rigurosa con los operadores y permisiva con quienes toman decisiones
públicas.
Primera clave: una formalización que
se pueda comprobar
La primera solución es convertir la formalización en una ruta con etapas
claras, asistencia técnica y consecuencias proporcionales. El Estado debería
verificar la ubicación real de cada operación, sus documentos habilitantes, la
producción declarada, las obligaciones ambientales y laborales, la procedencia
de los insumos y la consistencia de sus ventas. Los pequeños productores que
tienen posibilidades reales de formalizarse necesitan orientación técnica,
ambiental y tributaria, procedimientos comprensibles y coordinación entre
entidades. La burocracia fragmentada no debería convertirse en una barrera permanente
para quienes buscan cumplir.
Pero la asistencia debe acompañarse de controles. Si una operación
declara una ubicación distinta de la real, comercializa volúmenes incompatibles
con su capacidad productiva o presenta documentos contradictorios, corresponde
verificar los hechos y aplicar los procedimientos legales pertinentes. Una
alerta no demuestra por sí sola la comisión de un delito; sí puede justificar
una inspección o una investigación debidamente sustentada. El objetivo es
separar a quienes necesitan apoyo para cumplir de las operaciones que pretenden
utilizar la formalización como cobertura.
Segunda clave: seguir cada gramo de
mineral
La segunda solución es conectar los
datos sobre extracción, transporte, procesamiento, comercialización y dinero.
Para ello como parte de una política de Estado se propone el Sistema
Integrado de Trazabilidad, Control y Análisis de Riesgo de la Minería Artesanal
y de Pequeña Escala (SITRAMAPE)[1],
concebido como una arquitectura complementaria e interoperable del Sistema
Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA),
no como un sistema que lo sustituya o duplique. La propuesta integra los
controles sobre trazabilidad, producción, transporte, procesamiento,
comercialización, tributación y riesgos financieros para detectar
inconsistencias y prevenir el comercio ilegal de minerales, la evasión
tributaria y el lavado de activos.
El modelo tendría tres componentes. El primero sería el Pasaporte Digital
Único del Mineral (PDUM), mediante el cual cada lote contaría con un
identificador que permita reconstruir su recorrido, desde el productor, origen,
cantidad, transportista, ruta, planta receptora, procesamiento, comprador hasta
su destino comercial. Cada transferencia quedaría registrada y sería
susceptible de auditoría. El segundo sería el Mecanismo de Conciliación
Minero-Financiera (MCMF), encargado de contrastar la información física del
mineral con los documentos comerciales, pagos, inventarios y declaraciones
disponibles legalmente. Si una planta declara recibir una cantidad que no
coincide con los registros de transporte o compra, el sistema generaría una
alerta para verificación. El tercero sería el Índice Integrado de Riesgo Minero
(IIRM), diseñado para identificar patrones que merezcan fiscalización
prioritaria: cantidades incompatibles con la producción declarada, rutas
atípicas, duplicidad de lotes o inconsistencias comerciales. Su función sería
orientar la supervisión, nunca declarar automáticamente culpable a una persona.
Los tres componentes alimentarían tableros de seguimiento sobre
trazabilidad, operaciones económicas y riesgos territoriales. La SUNAT tendría
un papel importante dentro de sus competencias tributarias, aduaneras y de
control de insumos. Una rectoría económico-financiera transversal más amplia,
como la planteada en este modelo, requeriría habilitación normativa expresa. La
propuesta también necesita reglas claras de interoperabilidad, protección de
datos y auditoría independiente.
Tercera clave: controlar la cadena y
proteger el territorio
La tecnología no detiene por sí sola un cargamento irregular ni protege a
una comunidad amenazada. Por ello, la tercera solución consiste en combinar las
alertas digitales con controles basados en riesgos en carreteras, puentes,
depósitos, plantas de beneficio y puntos de comercialización. El control debe
alcanzar también combustibles, lubricantes, explosivos e insumos químicos
susceptibles de desvío. La Ley Nº 32412 estableció medidas de registro, control
y fiscalización sobre la distribución, el transporte y la comercialización de
determinados insumos químicos que pueden utilizarse en la minería ilegal, sin
embargo, su eficacia dependerá de su aplicación coordinada por las autoridades
competentes.
En las regiones críticas, los comandos unificados territoriales pueden
facilitar la coordinación de operaciones. La Presidencia del Consejo de Ministros
(PCM) podría asumir la conducción política transversal de la estrategia,
manteniendo al MINEM como rector técnico-sectorial. La Policía Nacional conservará
su cadena de mando correspondiente y las Fuerzas Armadas actuarán dentro de sus
competencias y del marco legal. La coordinación no debe sustituir la autonomía
del Ministerio Público ni crear facultades que la ley no reconoce.
¿Cómo sabremos si funciona?
Una política no debe medirse solo por el número de operativos,
incautaciones o anuncios. También debe demostrar si aumenta la proporción de
lotes con origen verificable, disminuyen las inconsistencias entre producción y
ventas, se controla el desvío de insumos y se reduce la reincidencia en los
puntos intervenidos. Para ello se necesitan indicadores públicos, responsables
definidos, fuentes de información verificables y una línea de base antes de
fijar metas. También debe evaluarse si la actividad ilegal se desplaza hacia
otras zonas o si los controles generan costos injustificados para los
productores que cumplen. Los tableros deben mostrar datos reales, no cifras
ilustrativas presentadas como resultados oficiales. La experiencia
internacional aporta principios valiosos, pero no fórmulas mágicas. Los
resultados dependen de la calidad de los datos, la capacidad de investigación,
la integridad institucional y la aplicación efectiva de la ley.
De la propuesta a una política pública
permanente
El Perú necesita pasar de las respuestas fragmentadas a una estrategia
que combine formalización verificable, trazabilidad integral, control de
insumos, fiscalización ambiental, investigación financiera y coordinación
territorial. SITRAMAPE, articulado con el SIPMMA, podría ser una pieza de esa
arquitectura, siempre que su diseño sea evaluado técnica y jurídicamente y que
su implementación no duplique sistemas existentes.
Convertir esta propuesta en política pública significa definir
competencias, presupuesto, cronograma, indicadores auditables y mecanismos de
rendición de cuentas. También implica revisar de forma transparente las
decisiones legislativas que puedan debilitar la fiscalización y establecer
salvaguardas frente a posibles conflictos de interés. La responsabilidad debe
determinarse mediante evidencia y procedimientos legales, sin confundir
cuestionamientos políticos con culpabilidad penal.
El éxito no se medirá por cuántas plataformas se anuncien ni por cuántas
instituciones aparezcan en un organigrama. Se medirá por la capacidad de
demostrar el origen del mineral, reducir las oportunidades de ocultar
operaciones, proteger a las comunidades y llevar ante la justicia a quienes
sostienen las economías criminales.
[1] Explicado en el
texto “Ventana de oportunidad en las estrategias
de adaptación y mitigación: https://repositorio.pucp.edu.pe/items/fff327e2-fa52-408e-b652-93352adcc12d
